¿Qué plantea la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética?

Tras el proceso de consulta pública para la elaboración del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que finalizó el pasado 10 de octubre, poco a poco vamos conociendo algunas aportaciones y empezando a señalar las principales propuestas que sería importante que recogiera. Os traemos algunas de ellas.

Propuestas de la Red Española de Pacto Mundial

Por ejemplo, desde la Red Española de Pacto Mundial se mantiene la siguiente posición:

Celebran que los Ministerios de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) y de Energía, Turismo y Agenda Digital (MINETAD) abriesen este proceso a la participación para que la elaboración de esta Ley cuente con la máxima involucración de todos los agentes y sectores de la sociedad, debido a su trascendencia para nuestro actual modelo de producción y de consumo.

Entienden que esta ley será una herramienta fundamental para que España asuma su responsabilidad en el camino hacia la des carbonización de la economía para 2050, y debe ser una regulación transversal que involucre a todos los actores económicos, institucionales y sociales. El nuevo marco regulatorio debería asegurar la estabilidad y la competitividad de las empresas y establecer mecanismos que garanticen la transparencia, evaluación y grado de cumplimiento de los objetivos marcados.

En relación a los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que la futura Ley debería contemplar, consideran que estos deben ser cuantitativos, tanto generales como sectoriales y alcanzables para el año 2030.

La nueva Ley debe gestionar los riesgos y reducir la vulnerabilidad frente a los cambios actuales y futuros del clima en España. Para ello, valoran que hay que orientar la acción pública para incrementar el conocimiento de lugares y sectores con una mayor exposición, para desarrollar políticas preventivas adecuadas y establecer planes de actuación al respecto.
Y creen que la Ley deberá fijar mecanismos que garanticen un seguimiento tanto institucional como social. De forma periódica, se deberá realizar un informe público del grado de cumplimiento.

Como algo a destacar, creen que la Administración debe desarrollar un papel ejemplarizante, a través de la fijación de objetivos explícitos de reducción de emisiones para las instituciones tanto nacionales como regionales. Para ello, debe promover políticas públicas con la dotación de medidas fiscales, financieras y presupuestarias necesarias. Los presupuestos públicos deben establecer no solo el techo de gasto económico, sino también el techo de gasto de carbono. Además, en línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17 –que llama a la creación de una alianza mundial a favor de los ODS-, la ley deberá incentivar la colaboración público-privada.

Con la intención de llevar a cabo una transformación ordenada del actual modelo económico, desde la Red Española de Pacto Mundial proponen que la Ley se complete con la adaptación de normas sectoriales, la inclusión de medidas específicas en los planes estratégicos de clústeres y asociaciones, el incentivo al desarrollo de proyectos de innovación y la introducción en los planes formativos de materias que persigan una concienciación efectiva en la lucha contra el cambio climático.

Sin alguna duda habrá que estar pendiente para ver de qué manera se articulan los compromisos relativos al Acuerdo de París emanado de la COP 21, especialmente cuando España es uno de los países de la Unión Europea con mas deberes pendientes en este sentido.

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Otros retos y necesidades que debe abordar la Ley

Junto a todos los retos asociados al cambio climático, desde el punto de vista de la Transición Energética hay otros aspectos que deben abordarse, como son la Pobreza Energética, una cuestión donde no parece que exista interés por parte de las grandes eléctricas a tenor de su forma de abordarlo y los sucesivos retrasos en la adopción de iniciativas que vayan más allá del Bono Social.

En este sentido, iniciativas como la campaña Cambia de Bando están precisamente buscando crear una masa de consumidores críticos con las grandes compañías eléctricas, de forma que, con su migración hacia otras compañías mas locales y apegadas al territorio.

Igualmente, dentro de la transición energética que persigue esta futura ley, habrá que ver el encaje que se da a iniciativas como la Oleada Solar, que se lanzó hace unos meses por parte de pequeños productores y organizaciones como ECOoo para facilitar la compra colectiva de instalaciones fotovoltaicas para hogares.

Además, dado que comunidades autónomas como Cataluña, Andalucía o la Comunidad Valenciana también han puesto en marcha leyes y otras iniciativas vinculadas con los objetivos de esta futura ley de cambio climático y transición energética, la forma en la que se articulen los diferentes textos y compromisos será un elemento importante que puede generar ciertas tensiones.

 

Estaremos atentos al desarrollo de esta futura ley y contribuiremos a que incorpore aquellas cuestiones que son decisivas para un modelo bajo en carbono y que facilite la mitigación y adaptación al cambio climático.

@tehagoeco

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1 Comentario

  1. […] legales, tanto actuales como que se avecinan, como por ejemplo los vinculados a la futura Ley Andaluza de Cambio Climático, lo que nos ha llevado a verificar el cumplimiento de la legislación ambiental aplicable en […]

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